16 de June, 2022

Canal de denuncias: claves para entender la “Ley Whistleblowing”

La Ley de Protección al Informante, o mejor conocida como la “Ley Whistleblowing” obligará a las empresas a adoptar "sistemas internos de información" para el traslado de avisos de incumplimientos, que contemplen mecanismos de blindaje para el informante.

En octubre de 2019 el Parlamento Europeo (UE) aprobó la aplicación de la “Directiva Whistleblowing”, que tiene como objetivo proteger a las personas que informen sobre el incumplimiento o infracciones del Derecho de la Unión Europea. Es decir, aquellas actividades y conductas que supongan un incumplimiento del código de conducta o la posible comisión de un delito penal por parte de empresas y entidades públicas.

Para tales efectos, la Unión Europea (UE) impone a los Estados Miembros el establecimiento de canales de denuncia efectivos, confidenciales y seguros, así como la adopción de medidas de protección a los denunciantes/informantes que hagan uso estos medios, frente a la posibilidad de acciones represalias por parte de la empresa o supervisores.

La “Directiva Whistleblowing” pretende establecer unas normas mínimas comunes de protección de los informantes en toda la Unión Europea.

Cabe destacar, que el primer plazo para la transposición de la Directiva, para las obligaciones aplicables a las empresas de más de 250 trabajadores, venció el pasado 17 de diciembre de 2021, existiendo un segundo plazo, hasta el 17 de diciembre de 2023, para ampliar dichas obligaciones a las empresas de entre 50 y 249 trabajadores.

No obstante, tras cumplirse el plazo de transposición de la Directiva UE de Protección de los Denunciantes a la legislación española el pasado 17 de diciembre de 2021 y ser aplicada en varios países europeos, España no adoptó la ley a tiempo y fue expeditada por Bruselas con un procedimiento sancionador en febrero de 2022.

No fue hasta marzo de 2022 que España aprobó el “Anteproyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción” – también conocida como la Ley Whistleblowing – que constituirá, una vez aprobada, la transposición de la Directiva Whistleblowing en el país.

Pero, ¿cómo impactará la “Ley Whistleblowing” a las empresas?

Objetivo de la Ley Whistleblowing

Su objetivo radica en mejorar la transparencia y ética en las empresas y, sobre todo, proteger a la persona que alerta de actos delictivos o sospechosos dentro de la compañía.

Cómo se aplica en las empresas la Ley Whistleblowing

Las empresas y organizaciones públicas estarán obligas a tener un canal de comunicación eficaz que garantice la confidencialidad del denunciante/informantes que quiera alertar sobre un acto sospechoso o ilícito dentro de su organización.

Asimismo, el Canal de Denuncias debe cumplir con más requisitos específicos que indica la Directiva.

Qué requisitos deberá cumplir el Canal de Denunciantes/Informantes

Los sistemas de información deben estar diseñados para proteger la identidad y datos del informante y de cualquier tercero mencionado.

Ley Whistleblowing

La gestión del canal interno puede ser llevada a cabo por un tercero, siempre que ofrezca las garantías de independencia, confidencialidad y protección de datos.

Qué empresas están obligadas a cumplir con la Ley Whistleblowing

  • Todas las empresas que cuenten con una plantilla de, a partir, 50 empleados deberán implantar un sistema interno de información.
  • Empresas del sector privado que entren en el ámbito de aplicación de los actos de la Unión Europea en materia de servicios, productos y mercados financieros, prevención del blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo, seguridad del transporte y protección del medio ambiente a que se refieren las partes I.B y II del anexo de la Directiva (UE) 2019/1937 se regularán por su normativa específica con independencia del número de trabajadores con que cuenten. En estos casos, la presente Ley será de aplicación en lo no regulado por su normativa específica.
  • Los partidos políticos, los sindicatos, las patronales y las fundaciones creadas por unos y otros, siempre que reciban o gestionen fondos públicos.
  • Organizaciones y entidades públicas vinculadas o dependientes de alguna Administración pública, así como fundaciones, universidades Corporaciones de Derecho público y sociedades mercantiles.

Qué plazos tienen las empresas para la implementación del canal de denunciantes o informantes

  1. En cuanto a las empresas obligadas, el Anteproyecto prevé que, en el plazo de 3 meses desde la entrada en vigor de la Ley, la misma será aplicable a las empresas con un mínimo de 250.
  2. Mientras que para las empresas con plantillas desde los 50 a los 249 trabajadores, la ley será aplicable desde el 1 de enero de 2023.

Nota: Hasta la fecha no hay plazos para la entrada en vigor de esta normativa en las empresas, ya que no ha sido aprobado el Anteproyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que norma esta iniciativa.

Sanciones establecidas por la Ley Whistleblowing

El Anteproyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción establece sanciones por incumplimiento, que irán desde leves, hasta graves y muy graves.

Según reza el anteproyecto, las empresas podrán ser multadas con hasta 1 millón de euros cuando incurran en sanciones muy graves:

  1. Impedir o dificultar la presentación de informaciones y su seguimiento por parte del alertador.
  2. No cumplir con el derecho de confidencialidad y anonimato del informante.
  3. Practicar cualquier represalia

Serán multadas con hasta 600.000 euros por sanciones graves:

  1. Impedir o dificultar la presentación de informaciones y su seguimiento por parte del alertador que no tenga consideración de infracción muy grave.
  2. No cumplir con el derecho de confidencialidad y anonimato del informante que no tenga consideración de infracción muy grave.
  3. Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas para garantizar la confidencialidad y secreto de los informantes.

Mientras que para las sanciones leves el tope será de 100.000 para quienes incurran en:

  1. Remisión de información de forma incompleta, de manera deliberada por parte del Responsable del Sistema a la Autoridad, o fuera del plazo concedido para ello.
  2. Incumplimiento de la obligación de colaboración con la investigación de informaciones.
  3. Cualquier incumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley que no esté tipificado como infracción muy grave o grave.

Otro punto importante

Según establece la normativa preaprobada por el Ministerio de Justicia en España, la autoridad judicial podrá acceder total o parcialmente al contenido del “libro-registro de comunicaciones”, documento obligatorio donde se deberán registrar los avisos de incumplimientos y las investigaciones internas desarrolladas.

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